Ante el injustificado registro que el Ministerio Público del Gobierno de Bolivia efectuó el pasado viernes en las oficinas de Andina, filial de la compañía en ese país, Repsol YPF anunció hoy que ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos si continúa la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia contra la compañía.
Repsol YPF observa con verdadera preocupación que algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia, vuelvan a repetir actuaciones similares a las que protagonizaron hace unos meses, cuando iniciaron un procedimiento penal contra Repsol YPF, y algunos de sus ejecutivos en Bolivia, en una actuación amplia y notoriamente difundida, que la propia justicia boliviana declaró posteriormente nula.
Estas reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados.
Repsol YPF denuncia que lo sucedido constituye una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional, por las siguientes razones:
No obstante, Repsol YPF reitera su voluntad de prestar, como ha hecho hasta ahora, toda su colaboración a las autoridades bolivianas para el total esclarecimiento de los hechos, en una actitud de permanente diálogo que tanto la compañía, como las autoridades españolas, han mantenido en todo momento.
La Compañía reitera su plena disposición a la negociación con las máximas autoridades e instituciones de Bolivia y su voluntad manifiesta de seguir colaborando con el progreso y el bienestar de la sociedad boliviana.
Confianza y preocupación
En este sentido, Repsol YPF quiere confiar en que las últimas declaraciones públicas realizadas por el presidente del Gobierno de Bolivia, Evo Morales, en las que manifiesta su firme apuesta por el diálogo y la negociación con la compañía, a la que considera como socio estratégico en el país, se traduzcan en hechos concretos que permitan la vuelta a un clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia.
No obstante, en estos momentos, la compañía ve con creciente preocupación la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia. En estas condiciones, estima muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia.