Nuestra política fiscal no permite la utilización de estructuras de carácter opaco o artificioso que supongan la ocultación o reducción de la transparencia de sus actividades. Por ello, el grupo Repsol se compromete a no tener presencia en paraísos fiscales y, en caso de tenerla, a ser transparente en sus actividades.
La presencia de Repsol en estos territorios no obedece a un propósito de limitar la transparencia de sus actividades o de aplicar prácticas ilícitas o indeseables, sino que responde a motivos legítimos de negocio y se acomoda a estándares habituales en el sector.
La definición de paraíso fiscal o jurisdicción no cooperativa no es pacífica. Numerosos legisladores hacen un esfuerzo por mantener listas de territorios que, bien por permitir la elusión de impuestos o bien por facilitar la opacidad de las inversiones, se califican como “paraísos fiscales”. Nuestra compañía considera “paraísos fiscales” a aquellos territorios calificados como tales por la normativa de España y de la Unión Europea y el criterio de la OCDE.
A su vez, algunas organizaciones no gubernamentales, preocupadas con las prácticas empresariales responsables, elaboran también sus propias listas de paraísos fiscales con criterios y objetivos dispares. En Repsol, hemos seleccionado alguno de estos listados, por su proyección pública o representatividad, y a los países allí incluidos los hemos denominado “territorios controvertidos”.
Actuamos de manera responsable
El Código de Ética y Conducta de Repsol, aprobado por el Consejo de Administración de Repsol, S.A., regula más allá de lo legalmente exigido nuestro modelo de comportamiento en todas nuestras actividades y operaciones.
En el marco de esta cultura de cumplimiento, tenemos tolerancia cero a la comisión de delitos y la obligación de prevenir o mitigar los riesgos penales a los que se enfrenta la Compañía. Entre los mismos, se encuentran, la prohibición de soborno a funcionarios, incluyendo cualquier pago inapropiado a entidades gubernamentales como en el sector privado, el blanqueo de capitales o la participación en prácticas inadecuadas que puedan limitar la libre competencia.
Contamos, además, con mecanismos propios para prevenir la corrupción como nuestra Política anticorrupción, nuestro Modelo de Prevención de Delitos o nuestro Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera.
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