Competitividad industrial y reindustrialización

La competitividad moderna no se basa en una carrera para ofrecer salarios bajos o acumular superávits comerciales. La competitividad es, ante todo, una cuestión de productividad, capacidades industriales, acceso a conocimiento técnico, innovación continua y seguridad estratégica. 

Europa parte de una posición de fortaleza, gracias a la dimensión de su mercado, su tejido empresarial, sus capacidades industriales y su conocimiento tecnológico. 

La brecha de PIB per cápita entre la Unión Europea y Estados Unidos se ha ampliado en las últimas décadas, en buena medida por el menor crecimiento de la productividad europea. Según el informe Draghi, alrededor del 70% de esta brecha con Estados Unidos se explica por este motivo. En España, el peso de la industria en la economía se encuentra por debajo del nivel medio europeo, lo que refleja el margen que existe para reforzar su papel como motor de competitividad y crecimiento. Pero comprender qué significa ser competitivos no basta: también es necesario analizar qué factores están condicionando la capacidad de nuestra industria para crecer, invertir y generar valor. 

De este modo, los elevados costes energéticos se han convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión de las empresas europeas, especialmente en los sectores con mayor intensidad energética. Las industrias de este tipo, como la química, la de metales básicos, la de minerales y la de papel, representan el 16% del valor añadido manufacturero europeo, pero han sufrido una caída de su producción de entre el 10% y el 15% desde 2021. 

Aunque el gas tiene un peso reducido en la generación eléctrica europea, su coste influye mucho en el precio final de la electricidad porque suele marcar el precio del mercado. Todo esto ha provocado que la factura de importación de combustibles fósiles de la Unión Europea se haya disparado, pasando de 341.000 millones de euros en 2019 a 416.000 millones en 2023, lo que equivale al 2,7% del PIB del continente. En el caso de España, informes recientes indican que el coste energético industrial es 2,5 veces mayor que el de China y Estados Unidos.

La Unión Europea cuenta con uno de los marcos climáticos más ambiciosos del mundo, con el objetivo de reducir sus emisiones netas al menos un 55% en 2030 respecto a 1990. En contraste directo, Estados Unidos ha establecido un objetivo no vinculante del 50-52% respecto a 2005, mientras que China aspira únicamente a alcanzar su pico de emisiones antes de que acabe la década. Esta asimetría regulatoria genera costes operativos muy dispares. 

Transformar los procesos para reducir la intensidad de carbono en las cuatro principales industrias europeas costará unos 500.000 millones de euros durante los próximos quince años. Hoy en día, estas inversiones carecen de una viabilidad comercial autónoma frente a la competencia internacional. 

Observamos con preocupación cómo Europa avanza en su demanda tecnológica mientras cede terreno industrial. La Unión Europea es el segundo mercado mundial en despliegue de tecnología solar y eólica, pero nuestra cuota global en la fabricación de turbinas eólicas cayó del 58% en 2017 al 30% en 2022. En tecnología solar fotovoltaica, la producción se encuentra dominada mayoritariamente por China. Durante 2023, Europa importó tecnologías de reducción de emisiones desde China por valor de 43.000 millones de euros, de los cuales más de 17.000 millones correspondieron exclusivamente a la compra de baterías. 

La asimetría en los programas de incentivos públicos resulta evidente. China ha financiado estas tecnologías con un volumen en relación con su PIB que duplica los esfuerzos de la Unión Europea. En paralelo, normativas como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos ofrecen entre 37.000 y 250.000 millones de euros en incentivos directos a la fabricación industrial. Frente a esto, la Unión Europea estima un máximo de 8.000 millones de euros para apoyar su fabricación industrial en el periodo 2021-2027. 

El resultado de esta dinámica en sectores esenciales es claro: se ha multiplicado por seis el ritmo de cierres en la industria química desde 2022, perdiendo 37 millones de toneladas de capacidad. Esto supone la desaparición de unos 20.000 empleos directos y pone en riesgo 89.000 puestos indirectos. 

España reúne condiciones técnicas e industriales idóneas para liderar este cambio de modelo. Contamos con disponibilidad de energía renovable, un tejido industrial diverso y una capacidad de refino que destaca entre las más eficientes y modernas de Europa. Una apuesta que fortalece nuestra autonomía: los combustibles renovables generan entre 10 y 30 empleos por cada millón de dólares invertido, frente a los 5 - 10 empleos de las alternativas fósiles convencionales. Gran parte de este tejido laboral se consolida, además, en zonas rurales a través de las cadenas de suministro de materias primas.

Para que esta oportunidad industrial se materialice, consideramos imprescindible establecer un marco claro y operativo en Europa. 

• Reducir el coste de la energía para la industria. No basta con instalar más capacidad de generación: Europa necesita rediseñar sus mecanismos de mercado para trasladar la eficiencia al consumidor final, acelerando contratos a largo plazo de electricidad y los contratos por diferencia. Asimismo, la inversión en redes de transporte resulta crítica. El despliegue de nueva generación eléctrica deberá ir acompañado de inversiones significativas en redes para integrar esa capacidad y llevar la energía hasta los consumidores. 
• Neutralidad tecnológica real. Apostamos por un enfoque donde todas las opciones sumen. La electrificación no puede cubrir a corto plazo sectores complejos como la aviación, el transporte marítimo, los camiones de gran tonelaje o los procesos industriales de alta temperatura. Los combustibles renovables pueden complementar a la electrificación y a otras tecnologías en aquellos usos donde existen mayores dificultades técnicas o económicas para electrificar. La regulación europea debería evaluar las emisiones de las distintas opciones energéticas teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, además de las emisiones durante su uso. Asimismo, aplicar un régimen fiscal diferenciado para los combustibles renovables facilitaría las inversiones y aceleraría su implantación comercial. 
• Política industrial coordinada a escala europea. La actual fragmentación entre Estados miembros lastra la competitividad. Como ejemplo, basta mencionar la brecha de precios energéticos dentro de la propia Unión Europea, que se duplicó en 2022 y aumentó un 15% en 2023. Los largos plazos de tramitación para nuevas infraestructuras energéticas pueden dificultar el ritmo de inversión que requiere la transformación industrial. La transformación de la economía europea exigirá movilizar un volumen muy significativo de inversión pública y privada. 

Repsol está demostrando con inversiones concretas que este despliegue operativo es posible. Los proyectos activos en distintos complejos industriales del país reflejan cómo la inversión industrial y la transición energética pueden avanzar de forma coordinada:

Desde nuestra compañía ya estamos demostrando que este despliegue operativo es posible. En el complejo de Cartagena hemos invertido más de 250 millones de euros en una planta que tiene capacidad para producir 250.000 toneladas anuales de combustibles de origen 100% renovable, evitando hasta 900.000 toneladas de CO₂ al año. Un esfuerzo productivo que hemos replicado en Puertollano, donde hemos invertido más de 130 millones de euros en la reconversión de una planta que puede producir hasta 200.000 toneladas anuales de combustibles renovables y evitar alrededor de 700.000 toneladas de CO₂ al año. Además, impulsamos infraestructuras inéditas como la Ecoplanta en Tarragona, en cuyo complejo industrial también contamos con la pionera planta de producción de gasolina de origen 100% renovable, y los nuevos electrolizadores de hidrógeno renovable en Bilbao y Cartagena. Estos proyectos muestran cómo la inversión y la innovación pueden traducirse en nueva capacidad industrial y en soluciones que contribuyen a mejorar la eficiencia.

La reducción de emisiones y la competitividad industrial no son objetivos contradictorios en sí mismos. Sin embargo, los datos demuestran que tampoco resultan automáticamente compatibles. Gestionar un proceso de transición productiva de esta escala sin una política industrial pragmática y coherente conlleva un alto precio: plantas operativas cerradas, pérdida estructural de empleo cualificado y nuevas dependencias exteriores inasumibles. 

Europa cuenta con capacidades industriales, tecnológicas y humanas que pueden convertirse en una ventaja competitiva en la nueva economía energética. La pregunta fundamental es si todas las partes implicadas poseen hoy la voluntad institucional necesaria para coordinarlos.